Julio Pacheco dice que recurrirá contra la “devastadora” decisión de abandonar la primera investigación de este tipo en España

Julio Pacheco dice que recurrirá contra la “devastadora” decisión de abandonar la primera investigación de este tipo en España

Las esperanzas de obtener justicia para las personas torturadas durante las cuatro décadas de dictadura de Franco en España han sufrido un importante revés después de que un juez de Madrid archivara una investigación histórica sobre un adolescente torturado por la policía tres meses antes de la muerte del dictador.

Julio Pacheco era un estudiante de 19 años y activista antifranquista cuando fue arrestado en agosto de 1975 bajo sospecha de participación en el asesinato de un oficial de policía.

Fue llevado a la infame sede de la Dirección General de Seguridad en la Puerta del Sol de Madrid, donde agentes de la policía secreta lo torturaron durante siete días antes de ser encarcelado por “terrorismo”.

Pacheco, que ahora tiene 68 años, presentó una demanda contra sus presuntos torturadores el año pasado, con la esperanza de que la ley de memoria democrática recientemente introducida por el gobierno socialista pudiera ayudarlo a encontrar justicia a pesar de una ley de amnistía de 1977 que otorgó impunidad a quienes cometieron crímenes durante la guerra civil y la dictadura posterior.

La ley de memoria democrática, aprobada en octubre de 2022, pretende brindar “justicia, reparación y dignidad” a las víctimas de la guerra civil y la dictadura, y contiene docenas de medidas destinadas a ayudar a “saldar la deuda de la democracia española con su pasado”.

Entre ellas se encuentran la creación de un censo y un banco nacional de ADN para ayudar a localizar e identificar los restos de las decenas de miles de personas que aún yacen en fosas comunes, la prohibición de los grupos que glorifiquen al régimen franquista y una “redefinición” del Valle de los Caídos, la basílica gigante y monumento donde Franco yació durante 44 años hasta su exhumación en 2019.

Pacheco se convirtió en septiembre de 2023 en la primera persona en testificar ante un juez español que investiga las denuncias de tortura durante la dictadura. Todos los casos anteriores habían sido rechazados debido a la ley de amnistía o porque el plazo de prescripción de esos delitos había expirado.

Pero el martes se supo que el juez a cargo del caso había archivado la investigación con el argumento de que el plazo para presentar cargos penales había expirado y porque el tribunal constitucional había dictaminado que algunos de los delitos quedaban fuera del ámbito de aplicación de la ley de memoria democrática.

Pacheco dijo que había apelado contra la decisión “devastadora” y que estaba decidido a llevar el caso al tribunal constitucional y, si fuera necesario, a los tribunales europeos.

“Ha habido mucho movimiento, hemos ido a declarar”, dijo a la Agence France-Presse. “Así que había una cierta expectativa de que podríamos llegar a algo.

Lo que logramos fue ser escuchados en un tribunal de justicia. Era la primera vez que sucedía, ¿no?”.

Amnistía Internacional y otros grupos de derechos humanos condenaron la decisión del tribunal, diciendo que sirvió “para consolidar un modelo de impunidad que es inaceptable bajo el Estado de derecho y que socava y viola, una vez más, los derechos más básicos de las personas que fueron víctimas de los crímenes franquistas”.

Amnistía y la plataforma CEAQUA, que lleva casi 15 años intentando garantizar justicia para las víctimas de Franco en Argentina bajo el principio de jurisdicción universal, también reiteraron sus pedidos de que se derogue la ley de amnistía.

Cientos de miles de personas murieron o desaparecieron durante la guerra civil y la posterior dictadura, pero estos crímenes siguen estando contemplados en la ley.

El grupo de trabajo de la ONU sobre desapariciones forzadas o involuntarias instó en 2013 a España a revocar la ley de amnistía y a hacer más para garantizar la justicia para los familiares de los desaparecidos.

“No hay ninguna investigación penal efectiva en curso ni ninguna persona condenada”, afirmaron los expertos. “El Estado debe asumir su responsabilidad de garantizar que estas iniciativas formen parte de una política estatal integral, coherente y permanente”.